El Congreso argentino aprobó este jueves una ley para reestructurar la deuda del país y evadir una orden judicial de un juez en Estados Unidos que forzó al país a entrar en default.
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por 134 votos a favor y 99 en contra, después de casi 16 horas de debate.
La ley permitirá a Argentina pagar su deuda de unos US$29.000 millones bajo leyes extranjeras, en Buenos Aires o en ciudades por fuera del alcance de la justicia estadounidense.
Qué cambia con la nueva ley de deuda que aprobó Argentina
La nueva Ley de pago soberano de la deuda externa cambia la sede de pago de la deuda reestructurada, que representa el 92,4% del total de la deuda soberana argentina.
La intención del gobierno argentino, que impulsó la norma, es sortear el bloqueo impuesto por el juez de Nueva York Thomas Griesa, quien congeló los pagos a los bonistas reestructurados hasta que Argentina no le pague también a un grupo de fondos de inversión que no entraron en los canjes de deuda, y que ganaron un juicio para cobrar el total de sus bonos (unos US$1.500 millones).
La ley sancionada este jueves revoca el mandato del Bank of New York-Mellon (BoNY) como agente de pago y lo reemplaza por Nación Fideicomisos SA, una subsidiaria del estatal Banco de la Nación Argentina.
Los acreedores podrán elegir de forma voluntaria cobrar sus bonos en Argentina o en Francia, bajo la legislación de esos dos países.
La inclusión de Francia como sede alternativa surgió por reclamos de algunos opositores al gobierno que consideraron que los bonistas extranjeros podrían rechazar someterse a la Justicia argentina.
Según los impulsores de esta idea, Francia tiene una legislación más benévola para las reestructuraciones ya que no beneficia a los fondos especulativos (que Argentina llama “fondos buitre”).
El ministro de Economía, Axel Kicillof, dijo que los bonistas podrán proponer lugares de pago alternativos con la condición de que estén fuera de la influencia del juez Griesa.
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La ley cambia la sede de pago de la deuda reestructurada,
La ley también abre un nuevo canje de deuda voluntario para que los tenedores de bonos bajo ley extranjera puedan cambiar sus papeles por otros en condiciones idénticas bajo legislación argentina.
La idea del gobierno es que quienes teman que el cobro de bonos con legislación extranjera pueda verse perjudicado por futuras sentencias judiciales tengan garantizado el depósito por la justicia argentina.
Holdouts
El pago de la deuda reestructurada se hará a través de una cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Banco Central de Argentina. El gobierno anunció que depositará allí el dinero “hasta su efectivo cobro por parte de los acreedores”.
En tanto, se abrirá un tercer canje de deuda para que el 7,6% de bonistas que no entraron en los anteriores canjes de 2005 y 2010 (conocidos como holdouts), puedan reestructurar su deuda bajo los mismos términos de pago del último canje.
Incluso si los holdouts no aceptan esta reestructura, el gobierno argentino les pagará como si hubieran entrado al canje.
La ley estipula que se depositará “una cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los actuales Títulos Públicos que en el futuro se emitan” en una cuenta de Nación Fideicomisos llamada “Fideicomiso de Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje”.
Ese dinero podrá ser cobrado una vez que los holdouts acepten reestructurar su deuda.
Este arreglo incluye a los “fondos buitre”, que representan menos del 0,5% del total de acreedores de Argentina.
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La nueva ley también busca sortear el bloqueo impuesto por el juez de Nueva York Thomas Griesa.
Según el gobierno, de esta forma el país cumplirá con la polémica cláusula pari passu, que establece el tratamiento igualitario entre bonistas y que el magistrado Griesa usó para acceder al reclamo de los fondos de inversión que exigen el pago completo de sus bonos.
Dudas y reparos
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner buscó aprobar esta norma de forma expeditiva ya que pretende ponerla en práctica para realizar el pago del próximo vencimiento de deuda, el 30 de septiembre.
Si bien el país cumplió con el pago del vencimiento anterior, a finales de junio, el dinero fue retenido por el BoNY, por orden del juez Griesa, y no llegó a manos de los acreedores, por lo que Argentina fue declarada en cesación de pagos (default) a finales de julio.
Para el gobierno argentino, esta ley permitirá al país seguir cumpliendo con el pago al 92,4% de sus acreedores, como le venía haciendo hasta el fallo del juez Griesa.
Sin embargo, muchos creen que la nueva ley no servirá, y podría crear nuevos problemas legales para Argentina.
El exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen, uno de los críticos más vocales del gobierno, advirtió que el 70% de los tenedores de bonos bajo legislación de Estados Unidos son fondos que no podrán cambiar la jurisdicción de pago porque “su estatuto se lo prohíbe”.
También el diputado y exministro de Economía Martín Lousteau señaló que Argentina podría generar un “nuevo default”, ya que “a los bonistas que no cambien jurisdicción Nación Fideicomisos no les puede pagar”.
Estos reparos son algunos de los motivos por los cuales casi toda la oposición votó en contra de la nueva ley, que fue sancionada por los legisladores del oficialista Frente para la Victoria, que tiene mayoría en el Congreso.
Algunos expertos legales también advirtieron que la nueva norma podrá ser objeto de demandas legales por parte de los tenedores de bonos ya que cambia los términos de sus contratos.
Por su parte, el juez Griesa declaró que la ley argentina es “ilegal” y advirtió que los bancos y acreedores que acepten la propuesta argentina estarán incurriendo “en una clara violación” de su orden judicial.
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El juez Griesa declaró que la ley argentina es “ilegal” y advirtió que los bancos y acreedores que acepten la propuesta argentina estarán incurriendo “en una clara violación” de su orden judicial.
