Tras conocerse el informe del CICR, desde el gobierno del presidente Iván Duque aseguraron que les causaba “extrañeza” que, según ellos, este no mostrara a “los verdaderos responsables de la vulneración del derecho internacional humanitario en Colombia”.

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El alto consejero de los Derechos Humanos, Jefferson Mena Sánchez, aseguró que los responsables de esta situación son los grupos armados del país.

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“Hay que decirlo sin ambigüedades y con valentía: son los grupos narcoterroristas del Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan de Golfo’, quienes afectan a nuestra población, bajo su interés de lucrarse con las economías ilícitas”, indicó.

También aseguraron que cada uno de los puntos abordados por el CICR hacen parte de los objetivos que se encuentran plasmados en el marco de la estrategia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, “la cual el Gobierno ha venido implementando desde el día uno del mandato”.

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En el comunicado, aseguran que el mandatario colombiano no comparte la clasificación de seis conflictos armados. Indican que esta “no es vinculante para el Estado”, pues “en Colombia hay es una amenaza marcada por rentas ilícitas de las que se nutren diversos grupos armados y delincuenciales”.

Sobre el tema de los desplazamientos, indican que en Colombia este fenómeno se presenta porque los “grupos armados al margen de la ley generan terror por su actuar criminal contra las comunidades”. Además, el consejero fue enfático al asegurar que “las cifras (de desplazamiento) están lejos de ser las que se reportaban en la década anterior”, indicando que en el periodo de 2015 a 2018 se registraron 670.778 víctimas.

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Finalmente, frente a la preocupación sobre artefactos explosivos, el alto funcionario recordó que Colombia es parte de la Convención de Ottawa, y bajo ese instrumento internacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) maneja las cifras oficiales en materia de víctimas de minas antipersonas y municiones sin explotar. A la fecha, registran 152 víctimas: 93 civiles y 59 miembros de la Fuerza Pública.

REDACCIÓN POLÍTICA
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