Estados Unidos: batalla de Joe Biden por retroceso en los derechos civiles – EEUU – Internacional


Por causa de las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia frente al aborto, el cambio climático y el porte de armas en lugares públicos, el presidente Joe Biden y algunos estados controlados por los demócratas en Estados Unidos están fraguando toda una guerra jurídica y legislativa sin antecedentes con la que buscan defender derechos que consideran vitales y cuya supervivencia pende de un hilo a la luz de los controvertidos fallos.

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Aborto

Protestas a favor del derecho al aborto en Estados Unidos.

En las últimas tres semanas, que marcan además el cierre del actual período del máximo tribunal, la Corte –compuesta por una clara mayoría conservadora– decretó el fin de Roe vs. Wade, una sentencia previa de este mismo tribunal con más décadas de antigüedad que legalizó el aborto en Estados Unidos, dejando en manos de los estados la decisión de permitirlo, negarlo o restringirlo a su parecer.

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Así mismo, anuló una ley del estado de Nueva York que exigía la obtención de un permiso para poder portar un arma más allá de su residencia y una clara justificación en caso de querer hacerlo.

Un cambio, como en el caso de aborto, de grandes implicaciones a nivel nacional, pues supone que de ahora en adelante cualquier persona puede llevar un arma consigo a donde le plazca, incluidos colegios, iglesias, parques y supermercados.

Y la semana pasada le cortó las alas a la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés), al indicar que este organismo no tenía el derecho a poner límite sobre la cantidad de gases contaminantes que producen las plantas de energía del país.

Un golpe tremendo a la agenda de Biden y los compromisos que adquirió Estados Unidos con el mundo para reducir la emisión de gases que producen el efecto invernadero y están contribuyendo al cambio climático.

Aunque las decisiones de la Corte son definitivas y no existe espacio alguno para su apelación, tanto Biden como los estados se han enfocado en decisiones ejecutivas y leyes estatales que buscan bloquear o limitar el impacto de las sentencias.

El caso más notorio de este nuevo choque de poderes es el que se viene dando con respecto al aborto.

Por un lado, muchos estados donde los demócratas tienen la mayoría tanto en el Congreso como en las gobernaciones han comenzado a aprobar nuevas leyes para codificar el derecho a interrumpir el embarazo y empujan reformas constitucionales a nivel local para anclar las protecciones en anticipación de posibles dictámenes de la Corte Suprema que sean más prohibitivos.

Y Biden, que ha catalogado las decisiones del tribunal como equivocadas, retrógradas e irresponsables, dio luz verde la semana pasada a su bancada en el Congreso para que modifique –para este caso– el conocido filibusterismo, una norma del Senado estadounidense que impide la aprobación de una ley si no se cuenta con por lo menos 60 votos a favor.

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Algo que los demócratas no tienen, pues suman únicamente 50 escaños de 100, o la mayoría simple, dado que en caso de empate el voto decisorio lo pone el vicepresidente del país.

“Creo que debemos codificar Roe vs. Wade, y la manera de hacerlo es asegurar que el Congreso pueda votar. Y si el filibusterismo se atraviesa, entonces hay que hacer una excepción”, dijo Biden hace pocos días.

En Estados Unidos a esto lo llaman la “opción nuclear”, pues implica alterar una norma del Senado que tiene más de 200 años de antigüedad.

Pero los demócratas alegan que sus rivales la han roto en el pasado cuando les ha convenido.

Como cuando se usó para confirmar a Niel Gorsuch, uno de los nueve miembros de la actual Corte Suprema, cuya nominación consideran ilegal, pues le correspondía al presidente Barack Obama llenar la vacante que surgió tras la muerte de Antonin Scalia en el 2016.

Joe Biden

Biden dio luz verde la semana pasada a su bancada en el Congreso para que modifique –para este caso– el conocido filibusterismo.

Foto:

Ken Cedeno/UPI/Bloomberg

Aunque sobre el papel la movida es viable, en la práctica es mucho más complicada.

En primer lugar, porque de hacerlo se abriría la puerta para que los republicanos hagan lo mismo en diversos frentes cuando recuperen el control del Legislativo. Lo cual podrían lograr en noviembre de este año.

Y en segundo, porque ni siquiera es claro si cuenta con los 50 votos de su propia colectividad para romper el filibusterismo y aprobar una ley que codifique el derecho al aborto.

Eso porque existen dos senadores del partido, Joe Manchin, de Virginia del Oeste, y Kyrsten Sinema (Arizona), que representan a estados de orientación conservadora y que a veces terminan votando con la oposición.

Ambos han dicho en el pasado que se oponen a eliminar el filibusterismo y se atravesaron en un momento semejante a comienzos de año cuando los demócratas intentaron aprobar una ley que buscaba proteger el derecho al voto en vista de los cambios que vienen haciendo los republicanos a nivel estatal y que son vistos como esfuerzos para suprimir el sufragio de las minorías.

Y también fueron estos dos los que ‘mataron’ un gigantesco paquete económico presentado por Biden que se enfocaba en infraestructura y medioambiente.

Si bien las discusiones apenas comienzan, lo más probable es que hagan lo mismo con el caso del aborto.

Lo que sí ha dicho Biden es que la manera más efectiva para asegurar estos cambios es que los demócratas voten en masa en noviembre próximo para consolidar las mayorías legislativas.

Biden, además, está bajo intensa presión del ala más liberal de su partido para que vaya más allá a través de órdenes ejecutivas.

Por ejemplo, le han pedido que autorice el establecimiento de clínicas ambulantes que practiquen abortos en territorio federal dentro de estados que han prohibido o limitado este tipo de procedimientos o que conforme un fondo para financiar el desplazamiento de mujeres a estados donde sí es permitido el aborto en el país.

Incluso sugieren –y esta es otra opción radical– que amplíe a once el número de magistrados de la Corte Suprema, lo que podría hacer, ya que la Constitución no precisa un número de jueces para este tribunal.

El presidente no ha sido claro sobre si piensa utilizar algunos de estos recursos que, sin lugar a dudas, provocarían un terremoto que tarde o temprano volvería a llegar a la Corte para su revisión de constitucionalidad.

Lo que sí ha dicho Biden es que la manera más efectiva para asegurar estos cambios es que los demócratas voten en masa en noviembre próximo para consolidar las mayorías legislativas.

Pero muchos en su partido piensan que las medidas, así terminen hundidas en las cortes, son necesarias para incentivar a la base. Y critican al presidente por no ser más audaz a la hora de buscar alternativas.

“Estamos enfrentados a un sector que está erosionando el concepto más básico de que todos somos iguales bajo la ley. Y eso no se puede combatir si el otro lado tiene el poder para moderar y decidir. Esto es una crisis y debe ser combatida como una crisis, con todos los recursos que existan a disposición”, decía William Barber, pastor en Carolina del Norte y quien preside la Campaña para la Gente Pobre, una organización que lucha por los derechos de las minorías.

Corte Suprema

Manifestaciones en la Corte Suprema de EE. UU. por derecho al aborto.

En otros frentes, varios estados han decidido desafiar a la Corte de manera unilateral y sin esperar a que el Congreso apruebe leyes o lleguen las órdenes ejecutivas de Biden.

En Nueva York, por ejemplo, el legislativo estatal acaba de aprobar una nueva ley que prohíbe el porte de armas en lugares específicos como colegios, iglesias, hospitales, oficinas del Gobierno y el transporte público.

La nueva norma, además, incluye un proceso con estrictos requisitos para poder obtener una licencia que permita portar armas en otros lugares diferentes a los prohibidos.

Y leyes similares avanzan en otros estados como Nueva Jersey y Massachusetts, donde los demócratas cuentan con las mayorías legislativas.

En el caso del medioambiente está pasando algo similar.

De acuerdo con Jody Freeman, profesora de Derecho en la Universidad de Harvard, si bien la decisión de la Corte impide que la EPA imponga una transición hacia fuentes de energía renovable, no prohíbe la imposición de límites a la cantidad de gases que pueden emitir.

Además, estados como California vienen adoptando desde hace años sus propias normas para reducir emisiones en plantas de energía y automóviles. Y ahora, tras la sentencia de la Corte, lo más probables es que otros sigan este mismo sendero.

Lo complicado, afirma Freeman, es que las decisiones recientes de la Corte, y otras que están por venir, están contribuyendo a la polarización y van a convertir a Estados Unidos en un país en donde los derechos individuales dependerán del estado donde se viva.

Lo cual, hacia el futuro, podría tener enormes repercusiones para la estabilidad de su democracia.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68

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