Para inicios de 2018 la frontera norte de Ecuador con Colombia, y particularmente las poblaciones y territorios de San Lorenzo y Mataje, en la provincia de Esmeraldas, vivían una ola de violencia relacionada con ataques por parte del frente Oliver Sinisterra, un brazo armado de las disidencias de las Farc que estaba bajo la comandancia de alias Guacho (Walter Arizala). Este último le había declarado la guerra al Estado ecuatoriano después de la captura de tres disidentes. La violencia buscaba presionar su liberación y el cese de operaciones militares conjuntas en la frontera.

Carros bomba, asesinatos de policías y una escalada de violencia sin antecedentes llegaba a esta zona de Ecuador. Una bomba ubicada en la vía entre San Lorenzo y Mataje, el 20 de marzo de 2018, donde murieron 3 infantes de marina y 11 militares más resultaron heridos, fue el momento más violento de esa confrontación. También significó que el equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, conformado por Javier, Paúl y Efraín tuvieran que movilizarse hasta la frontera para investigar qué había sucedido.

A las cinco de la tarde del 26 de marzo, pocas horas después de que el equipo de periodistas hubiera llegado a la zona para hacer reportería, el mayor de la policía Alejandro Zaldumbide Navia recibió un mensaje por WhatsApp, presumiblemente de ‘Guacho’, con una fotografía de Javier, Paúl y Efraín, que anunciaba que estaban en su poder. El equipo se convirtió en el mecanismo para, una vez más, presionar el canje de los disidentes presos en Ecuador. Ocho días después, un video con la dolorosa imagen de Javier, Paúl y Efraín con cadenas y candados sobre sus cuellos, donde insistían en la premura del canje, advertían que sus ánimos flaqueaban y pedían fuerza a sus familiares, dejaba ver que las negociaciones no avanzaban.

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Periodistas asesinados

El equipo periodístico de ‘El Comercio’ estaba secuestrado desde el 26 de marzo.

La incertidumbre terminó el 11 de abril con el peor desenlace posible. Un panfleto difundido por el grupo afirmaba que el equipo de El Comercio había sido asesinado ante unas negociaciones ya quebradas y operaciones militares que se adelantaron en la zona. Lo que sigue es una historia de contradicciones y de intercambios de responsabilidades entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. También, de opacidad, mentiras y de un proceso de negociación que estuvo siempre de espalda a los familiares de los periodistas.

Así entonces, la deuda con la verdad tiene varias dimensiones. En primer lugar, lo que no ha sido claro por parte de los Estados. ¿Dónde fallaron las negociaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado colombiano negó haber adelantado operativos militares que pusieron en riesgo al equipo periodístico y frustraron su liberación? Y, por otra parte, lo que no han contado los victimarios. ¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta que fueron ejecutados? ¿Por qué se frustró su liberación?

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La verdad que deben los Estados. El opaco camino a la verdad sobre negociaciones entre Ecuador y el grupo ilegal

Aún hoy todavía no es claro quiénes, y en qué niveles, estuvieron realmente involucrados en las negociaciones desde que el ‘Oliver Sinisterra’ contactó a las autoridades para exigir el canje. A las familias, por ejemplo, les dijeron que las negociaciones estaban a cargo de un funcionario de alto perfil que realmente no era la cabeza del asunto. Este hallazgo lo encontró el Equipo de Seguimiento Especial (ESE), que en el marco de las medidas cautelares otorgadas fue asignado por la CIDH para que investigara el caso. Su trabajo finalizó en diciembre de 2019 con la entrega de un informe final que contiene una serie de recomendaciones que, hasta hoy, se han quedado en el olvido frente a la renuencia del Estado ecuatoriano y del Estado colombiano de hacer seguimiento a estas.

El Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo

En su informe final, el ESE ahonda sobre algunas preguntas: ¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta? ¿En qué momento se derrumbaron estas negociaciones a pesar de que se había dado luz verde para el canje? De forma similar, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, cuestiona que “(…) el Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo: salvaguardando la vida de ellos, la integridad de ellos. Entonces la pregunta es: ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué pesó más la imagen de un país, como lo dijo el presidente Moreno, en el lado de Ecuador? (…).

La información sobre lo ocurrido reposa en expedientes que el Estado ecuatoriano prometió a las familias desclasificar y no lo ha hecho. El informe final concluye sobre esto que “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”. (Informe final ESE, Párr. 335).

Desde el 26 de marzo, mientras familiares y colegas pedían la liberación de los periodistas y denunciaban que les ocultaban información, las autoridades prefirieron el hermetismo.

Yadira Aguagallo, pareja de Paúl, resume así los “golpes que han recibido”: “el primero ocurrió la misma noche del secuestro, cuando tras el anuncio fueron nulas las explicaciones de cómo proceder, qué hacer, qué protocolos se usaban, qué planes se tenían, qué equipo estaba a cargo. O como cuando se decía que se negociaba y después se anunciaba que no había negociaciones. O cuando pedíamos información y nos era negada. O como cuando los vimos por la televisión, encadenados y suplicando por sus vidas; pero ellos, los integrantes del infame Comité de Crisis con el hoy fiscal subrogante Wilson Toainga a la cabeza, ya tenían conocimiento de que ese era el estado de la situación de Paúl, Javier y Efraín, y callaron”.

El apoyo y el respaldo que habían prometido altos cargos de ambos gobiernos se convirtió en algo opaco a costa de la tranquilidad de los familiares, periodistas, medios y, por supuesto, del bienestar del equipo periodístico.

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Protesta por muerte de periodistas de 'El Comercio'

El libro es escrito por varios periodistas de Colombia y Ecuador y tiene ilustraciones del chileno Alberto Montt. Se lanza la próxima semana.

De esto hay evidencia, de que la comunicación entre el grupo ilegal y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato, pero todavía es incierto si entre los ires y venires de diligencias judiciales, procesos burocráticos y la falta de urgencia de funcionarios se perdió la posibilidad del canje y, por otra parte, el rol que jugó el asedio militar a los secuestradores mientras el equipo periodístico se encontraba secuestrado.

Como se documenta en el libro Rehenes: ¿por qué ejecutaron a los periodistas de ‘El Comercio’? solo fue hasta la noche de ese trágico 11 de abril que, incluso negándose a confirmar el asesinato y después de que hace varios días ese canal de comunicación estaba roto, los negociadores escribieron un mensaje, ya muy tarde, con información precisa para lograr la liberación: “Querido amigo, de ser posible, nos compruebes que los periodistas están bien, el intercambio lo haría la Iglesia católica por medio del obispo de Esmeraldas, estamos atentos a respuesta”. Un mensaje que ‘Guacho’ nunca leyó. Así, sin la posibilidad de saber qué consignan los documentos hasta ahora clasificados, hay una parte de esta historia por descubrir.

Las operaciones militares que pusieron en riesgo al equipo periodístico y entorpecieron la liberación

Un primer episodio que alimenta las dudas sobre el rol que ocuparon las operaciones militares para entorpecer la eventual liberación ocurrió el 28 de marzo de 2018, dos días después del secuestro. El periódico EL TIEMPO, de Bogotá, publicó un artículo en el que afirmó que los periodistas serían liberados aduciendo a altas fuentes en el Ministerio de Defensa colombiano. El exministro del Interior ecuatoriano, César Navas, afirmó en su momento que Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia, se comunicó con su homólogo de Ecuador para iniciar los preparativos. Tan confiable era la información que el fiscal ecuatoriano, Christian Rivadaneira, se movilizó hasta San Lorenzo para recibirlos… El júbilo que se vivía por la noticia se esfumó rápidamente. Una serie de contradicciones y versiones inconclusas por parte de las autoridades de lado y lado únicamente sirvieron para profundizar la herida. La rueda de prensa convocada por el Ministerio de Defensa de Colombia se canceló sin explicación… hay versiones que indican que la cantada liberación se frustró por operativos militares adelantados en la zona por parte del Ejército de Colombia.

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El 11 de abril empezó a circular el panfleto firmado por los ilegales en el que anunciaba el asesinato de Javier, Paúl y Efraín. El Ministerio de Defensa colombiano solo aprovechó para contestar sobre tales operaciones militares, desmarcándose de cualquier responsabilidad. Dijo Villegas: “Nuestra presencia en ese territorio de frontera, en territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”.

Sin embargo, el ministro ocultaba la verdad. Meses después, a partir de una solicitud de acceso a la información pública, se logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio: mientras que de un lado decían que buscaban la liberación; del otro, las balas nunca cesaron, una combinación incompatible con la seguridad de los secuestrados.

Así, vuelve sobre la mesa la importancia de responder estas preguntas: ¿por qué, sabiendo que los ponían en inminente riesgo, el Estado colombiano adelantó operaciones ofensivas contra el grupo de ‘Guacho’, más si se estaba adelantado una negociación? ¿Por qué el Estado colombiano buscaba negar la existencia de esas operaciones militares? Frente a esto, es importante anotar que la Fiscalía ha omitido indagar en esta línea de investigación a pesar de que el ESE de la CIDH le recomendara lo contrario…

Cristian Segarra,hijo de conductor del diario El Comercio asesinado en Colombia

Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra.

La verdad en manos de los victimarios y un difícil camino a la justicia

Varias de las principales respuestas de lo que ocurrió con Javier, Paúl y Efraín las tienen quienes el 26 de marzo de 2018 los secuestraron y posteriormente acabaron con sus vidas. Del comandante del grupo y máximo responsable del secuestro y asesinato del equipo, Walter Arizala, ‘Guacho’, no fue posible ninguna información, murió después de un enfrentamiento con militares colombianos a finales de ese mismo año.

En Colombia, la Fiscalía ha capturado a 5 miembros de la red señalados de participar en los hechos: Gustavo Alonso Ospina Hernández, ‘Barbas’, fue señalado de ser responsable de grabar las pruebas de supervivencia. Sin embargo, quedó en libertad en junio de 2020 por vencimiento de términos y se desconoce su paradero. El 30 de marzo de 2021 la Fiscalía presentó como avance la imputación de cargos contra Jesús Alfredo Arroyo, ‘Roberto’, y Juan Carlos Portocarrero Cortés, ‘Chuky’, señalados de participar en el secuestro y posterior asesinato. A pesar de que desde el 2019 venían anunciando esas actuaciones a la fecha las imputaciones no han ocurrido y ambos se encuentran en libertad sin tener certeza de su ubicación.

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Por último, Jesús Vargas Cuajiboy, ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, ‘Cherry’, son los únicos condenados por su responsabilidad en el secuestro y asesinato, esto después de un preacuerdo con la Fiscalía de Colombia, en donde se comprometían a realizar actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón como reparación para las familias.

El 25 de febrero de 2021, ‘Reinel’ y Cuajiboy cumplieron su cita para contar su verdad. Una conexión intermitente, sujetos en tapabocas frente a pantallas intentando recordar hechos que ocurrieron 3 años atrás… Del otro lado, la expectativa de familiares que por años esperaban respuestas… Preguntas sobre su estado de ánimo. Sobre si Efraín hablaba del nieto que lo convertiría en abuelo. Alguna anécdota que permitiera revivir la memoria de sus últimos momentos de vida, que diera alivio. Inevitables voces quebradas y nudos en la garganta. En el caso de ‘Reinel’, su abogada advertía de antemano que su defendido no respondería ciertas preguntas que pudieran comprometer su seguridad. Al final de su declaración expresaba que ojalá, si algún día quedaba en libertad, pudieran encontrarse de nuevo con los familiares para contarles toda la verdad. En el caso de ‘Cherry’ una postura lánguida, respuestas genéricas y contradictorias con lo que ya había aceptado ante la Fiscalía.

Para los familiares, ninguno de los dos actos fueron suficientes para esclarecer la verdad. Galo Ortega resume: “Cuando íbamos a las versiones a la Fiscalía yo sentía mucha humillación. Porque cuando iban estos jefes, iban con dos y tres abogados, y los abogados susurraban al oído del oficial que tenía que dar la versión. Cuando ya terminaba el informe lo leían, lo releían. El Fiscal no hacía preguntas, solamente básicas. Todo eso era humillante para mí”.

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El periodismo, investigación independiente y su rol para ahondar en la verdad

Gracias a la investigación que en su momento hizo el ESE dispuesto por la CIDH; a la persistencia de familiares y colegas que, a pesar del dolor, hicieron de #NosFaltan3 un lema para buscar la verdad; al trabajo incansable de periodistas, además amigos del equipo periodístico, en libros como Rehenes: ¿por qué ejecutaron a los periodistas de ‘El Comercio’? y Viaje sin regreso; en proyectos como Frontera Cautiva y los numerosos artículos y columnas que se atreven a cuestionar el actuar de las autoridades y a exigir más y más respuestas, hoy se tienen piezas del rompecabezas que de otra forma no se conocerían.

Las revelaciones sobre irregularidades que existieron en las negociaciones, sobre el rol que pudieron tener las fuerzas armadas y sus operaciones para evitar la liberación, sobre la connivencia entre actores armados y autoridades, sobre el contexto de violencia en la frontera norte ecuatoriana son producto de ese esfuerzo. La verdad en este caso ha sido construida más por quienes sienten y viven la tragedia que ocurrió entre marzo y abril de 2018 que por aquellos que, en principio, están obligados a hacerlo.

(*) Coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

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