Acuerdo de Paz y desafíos de implementación: entrevista a Jorge Restrepo – Proceso de Paz – Política


En la aún no lograda búsqueda de la reconciliación, el país vio una luz de esperanza en el solemne escenario del Teatro Colón, cuando el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) firmaron hace seis años el Acuerdo de Paz.

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Era un punto y aparte de un proceso que se inició de manera secreta en la profundidad de las selvas, pasó a un espacio público en Oslo y en La Habana con el ruido diario de la oposición, que se impuso en el plebiscito diciendo “No” (50,2 por ciento) frente al “”, que se quedó en el 49,7 por ciento de los votos. De cualquier manera, empezó otra etapa igual o más desafiante. Su puesta en marcha.

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Jorge Restrepo, director del Cerac.

Foto:

Archivo particular.

A propósito de estos seis años, Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director de Cerac, centro independiente de estudios sobre el conflicto que desde 2016 hace parte de la secretaría técnica de verificación al Acuerdo de Paz, realiza un corte de cuentas de su marcha.

¿Para usted qué es lo bueno de la implementación del Acuerdo de Paz?

El Acuerdo Final terminó un conflicto armado, desarmó una guerrilla de más de 14.000 combatientes y redujo la violencia: pasamos de tener conflicto armado abierto con las hoy extintas Farc en 352 municipios, a que desapareciera cualquier conflicto en 225 de ellos. Pasamos de tener 294 muertes de integrantes de la Fuerza Pública en 2014 a 138 el año pasado.

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¿Qué hubiera pasado si no se firma el Acuerdo?

Sin el Acuerdo Final habrían muerto hasta hoy, por lo menos, 4.900 personas –solo en el conflicto con esa guerrilla–. Y hasta 7.200 si comparamos con los peores años de la violencia.

¿Y la otra cara de la moneda? ¿Qué es lo malo?

Ha costado más tiempo, plata y esfuerzos de lo esperado. En 100 municipios la violencia se transformó, no desapareció. Esto porque no hay seguridad pública ni acciones contundentes de la justicia contra organizaciones criminales.

¿Por qué cree que no se avanzó en lo presupuestado?

Porque construir paz requiere diseñar y poner en marcha políticas públicas efectivas y porque sin seguridad estatal no hay desarrollo posible. Las élites políticas nacionales y regionales en los últimos cinco años han estado empeñadas en usar la paz en su disputa por el poder y no en hacer de la paz un propósito de nación. No es que faltara plata, lo que faltó fue presupuesto político.

¿El análisis de lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer quedó atrapado en medio de una discusión política?

Sí: la implementación del Acuerdo Final de Paz se volvió un asunto de debate político y contienda electoral. Es política con ‘p’ minúscula, en la que los intereses de las comunidades son subalternos a los intereses de la política.

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Uno de los hechos que llama la atención es el de una guerrilla que en un momento dado logró poner contra la pared al Estado colombiano y que ahora como partido legal juega un rol secundario. ¿Por qué cree que pasó esto?

Porque fue una guerrilla derrotada militarmente por el Estado: no tenía futuro como organización en armas, y porque la atrocidad de la violencia que ejerció contaminó su acción política irremediablemente. Se le hizo tarde para abandonar la violencia.

En simultánea han vivido otra tragedia. El número de firmantes de la paz asesinados supera los 350. Comparativamente con otros procesos en el mundo, ¿cómo se valora esto?

Es una tragedia anunciada: sabíamos que los principales rivales para la construcción de la paz serían los grupos de criminalidad organizada que se fortalecieron mientras el país estaba inmerso en el conflicto con las Farc. Ningún otro proceso en el mundo ha enfrentado una criminalidad organizada como la que existía en Colombia y, lamentablemente, no construimos un aparato de seguridad pública y de justicia criminal para el posconflicto; por eso nos ganó la violencia.

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Lo cierto es que los colombianos nos seguimos matando. ¿Cómo salir de esta espiral?

Con justicia criminal contundente, efectiva y oportuna, con un acuerdo con el Eln y construyendo paz a través del desarrollo social y económico. En pocas palabras: impulsando el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.

Hay muchos informes que dicen que el Eln copó los espacios que tenían las antiguas Farc. ¿Es así?

Lo intentaron, pero no lo lograron. El Eln trató de llegar a 60 municipios donde no estaba, por ejemplo, en el Cauca, pero en todos ellos entraron en conflicto con otros grupos armados y no han logrado prevalecer sino en pocos. Su violencia es lo que queda.

¿Qué experiencias podría sacar el presidente Gustavo Petro para la búsqueda de la ‘paz total’ con lo que ocurrió con las Farc?

La primera, hay que negociar rápido. La segunda, hay que alcanzar acuerdos de reducción de la violencia que abran espacios políticos a la negociación. La tercera, no hay que recurrir al votante para legitimar el acuerdo: este se legitima con una implementación efectiva. La cuarta, es necesario un desarme de la sociedad, no solo de los combatientes. Y la quinta, no puede haber paz sin justicia criminal contundente, efectiva y oportuna.

A propósito, ¿cómo vislumbra usted las negociaciones que se acaban de reanudar con el Eln en Caracas?

Jorge Restrepo, director del Cerac.

Con optimismo. Es el momento oportuno, el Eln por primera vez cuenta con un mando centralizado, responsable de su violencia, que puede declarar el abandono del secuestro y del terrorismo. Además, el Eln está en una situación militar con dos salidas: la negociación o convertirse en una organización fundamentada en el terror.

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En su papel como miembro de la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación, ¿considera que el gobierno del expresidente Duque abandonó la implementación del Acuerdo Final, como dicen sus críticos?

La actividad de la implementación del Acuerdo Final durante el anterior gobierno tuvo avances muy importantes: se organizó la ejecución de proyectos y programas de desarrollo y la participación en los territorios Pdet, se impulsó la reincorporación y se mantuvo el apoyo a la justicia de transición, pese al enorme desatino de las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz.

¿Entonces?

La implementación, sin embargo, del Acuerdo Final debe no solo ser integral, sino además responder a la secuencia que establece el Acuerdo. En ese sentido, pudo haber tenido un impulso mayor si no hubiera existido selectividad en las disposiciones sobre las que se tomó la decisión de avanzar y si estas hubiesen considerado la secuencia y el énfasis necesarios para lograr todo el potencial de transformación que ofrece el Acuerdo y extraer todos los dividendos de paz.

Volviendo al presente, ¿es compatible la ‘paz total’ con la implementación del Acuerdo de Paz?

Cumplir el Acuerdo Final es la mejor forma de construir paz: la política de ‘paz total’ no es contraria, es un complemento. Ahora, no se puede dejar de buscar hacer la paz con los grupos violentos y solo construir paz territorial, como buscó el anterior Gobierno. Tampoco se puede pensar en solo hacer la paz y no construirla. Es por eso que resulta indispensable cuidar la implementación del Acuerdo Final.

Algunos analistas señalan que no es posible construir paz sin resolver el problema de las drogas ilícitas…

Es así y está planteado en el punto 4 del Acuerdo Final. Sin embargo, la clave está en la manera en la que se diseñan y ejecutan las políticas públicas para dar solución al problema de las drogas ilícitas. Hoy resulta necesario evaluar la efectividad e impacto del Pnis y revisar los incentivos para evitar un nuevo aumento en los cultivos de uso ilícito. No puede haber paz sin una política de drogas diferente tanto local como internacional, que no criminalice a pequeños cultivadores y que a los consumidores los atienda en clave de salud pública y no de política criminal.

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Volviendo a la seguridad de los excombatientes de las Farc, ¿cómo se puede mejorar esta situación, que es clave para el futuro de la implementación?

El principal enemigo de la reincorporación son las organizaciones del narcotráfico y de la minería ilegal. Superar esa situación tiene que ver con hacer cumplir la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en cuanto al desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y otras organizaciones que ponen en riesgo la construcción de paz.

¿Otro punto?

También es importante que la Unidad Policial para la Construcción de la Paz (Unipep) retome las funciones exclusivas para las que fue creada, con las capacidades necesarias para su operación y con la jerarquía adecuada en su mando. Lo bueno es que hay correspondencia entre el enfoque de seguridad humana del gobierno del presidente Petro y el enfoque de seguridad en el Acuerdo Final, pero debe llevarse a terreno en términos de operaciones militares y de Policía y del necesario mejoramiento en la confianza de las comunidades en la Fuerza Pública.

Finalmente, ¿usted cree que existe alguna relación entre los asesinatos de excombatientes y de líderes comunitarios?

No se puede afirmar categóricamente que exista alguna relación, pero sí algunas similitudes en los fenómenos: hay poca información sobre los principales responsables de sus asesinatos, pero los patrones de victimización son similares: ocurren en zonas de disputas entre organizaciones criminales y probablemente buscan facilitar una fluida operación del crimen organizado. La Unidad para el Desmantelamiento de Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación tiene que ser medida por el número de organizaciones que desmantele y no por el esclarecimiento judicial de los casos, como hasta ahora.

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Armando Neira.
Editor de Política de EL TIEMPO.

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