Gobierno guardó silencio sobre Nicaragua – Gobierno – Política


Total hermetismo. Esa ha sido la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro sobre su ausencia en la condena de la Organización de Estados Americano (OEA) a las violaciones de derechos humanos denunciadas en Nicaragua.

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La posición se confirmó ayer luego de que EL TIEMPO intentara conocer opiniones del Gobierno Nacional, el canciller, Álvaro Leyva, y el embajador designado en ese país, León Freddy Muñoz.

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El pasado viernes, el organismo multilateral realizó una sesión del consejo permanente en la que la mayoría de los países miembros dejaron sentado su rechazo a varios aspectos de la administración de Daniel Ortega en el país centroamericano.

En esa sesión se aprobó una resolución que condenó al gobierno de Ortega por “el hostigamiento” a la Iglesia Católica y la persecución a la prensa y a las ONG, y que exigió al gobierno de ese país que libere a los presos políticos.

El documento fue aprobado con 27 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Las únicas dos ausencias fueron las de Nicaragua y la de Colombia.

Gustavo Petro

Gustavo Petro, presidente de Colombia.

EL TIEMPO supo que el presidente Petro no tiene previsto, por el momento, pronunciarse sobre este hecho ni tampoco sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

El mandatario habría dejado el tema en manos del canciller Leyva, quien, al cierre de esta edición, tampoco se había pronunciado sobre el tema. Este diario intentó comunicarse con él, pero no fue posible.

El embajador designado por Petro para hacer presencia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, tampoco quiso referirse al asunto.

Álvaro Leyva Durán

Álvaro Leyva, canciller del gobierno de Gustavo Petro.

Foto:

FOTO: Jáiver Nieto. EL TIEMPO

El excongresista le dijo a este diario que no se ha posesionado y que mientras no lo haga no tiene pensado dar opiniones sobre ningún aspecto de la relación con ese país centroamericano.

Muñoz agregó que, en todo caso, su posición sobre los temas bilaterales será la misma que orienten el presidente Petro y el canciller Leyva.

Esta posición parece similar a la del embajador designado de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, quien explicó la ausencia de Colombia en la sesión de ese organismo. “No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones”, expreso Vargas.

La posición de Colombia frente a Nicaragua no parece un tema menor, no solamente por las violaciones a los derechos humanos denunciadas en ese país y la condena de la OEA, sino también porque las relaciones bilaterales han tenido algunos roces en los últimos años.

No hemos sido nombrados, mucho menos hemos presentado documentos para la posesión, pero ya nos están imputando omisiones

Esta situación se produce en medio de dos hechos decisivos, el primero de ellos las demandas de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Colombia.

En este caso hay dos litigios. El primero, iniciado el 16 de septiembre de 2013, corresponde a la delimitación de la Plataforma Continental Extendida entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas, lo que podría extender más el territorio ya ganado en la disputa con Colombia. Este caso, sin embargo, todavía está pendiente.

Y la segunda demanda, instaurada el 26 de noviembre de 2013, y sobre la cual se pronunció la Corte recientemente, corresponde a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe. Nicaragua acusó a Colombia de no respetar e incumplir el fallo emitido en 2012, que decidió que aproximadamente 75.000 km² de espacio marítimo pasarían a ser parte de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Nicaragua.

Violaciones a los derechos humanos denunciadas por Naciones Unidas

El segundo hecho por el que cobra relevancia la posición de Colombia frente a Nicaragua son las evidentes violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Daniel Ortega.

“En Nicaragua, los opositores al Gobierno, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los líderes sociales y los exdetenidos políticos sufren violaciones sistemáticas de sus garantías fundamentales, señaló la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dice en la página de la ONU.

Y agrega que “en una actualización oral sobre la situación en el país centroamericano al Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet –Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH.– dio cuenta de despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales a las reuniones pacíficas de los críticos del Gobierno”.

“Detalló haber recibido 43 denuncias de allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, así como acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra individuos considerados opositores”, relató el documento.

Estos dos hechos hacen que la posición de Colombia sobre el gobierno de Ortega sea clave, especialmente en momentos en que Colombia comienza una nueva administración, como es la de Gustavo Petro.

Se espera que en los próximos días se posesionen estos embajadores y que el país asuma una posición oficial sobre el tema.



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