El senador electo por el Pacto Histórico Gustavo Bolívar denunciará al presidente del Senado, Juan Diego Gómez, por presunta vulneración palmaria al debido proceso, al derecho a la participación política efectiva y a los derechos de la oposición.

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En un comunicado de prensa, Bolívar hizo públicas sus intenciones y dio detalles de las razones que lo llevaron a su decisión: “Durante la sesión plenaria de Senado el día de hoy, se incumplió nuevamente el fallo del 24 de febrero del Consejo de Estado en el que se ordenó la remoción de Iván Name del cargo de segundo vicepresidente,  protegiendo los derechos de la oposición al determinar que la forma en que procedió [sic] la Presidencia y la Secretaría General del Senado el pasado 20 de julio transgredió la Constitución y el estatuto de oposición”.

Bolívar dijo que el fallo ordena separar del cargo al senador Name y repetir su elección del pasado 16 de marzo. Sin embargo, según el integrante del Pacto Histórico, algunos congresistas han “decidido emprender una estrategia palmaria de violación a los derechos de oposición”.

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En la declaración también se menciona al secretario del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, quien radicó una consulta junto al presidente del recinto ante el Ministerio del Interior para dar claridad al fallo, de acuerdo con lo expresado por quien tomará acciones legales.

Para el denunciante, lo anterior desconoce la separación de poderes. Argumenta que no corresponde al Ministerio aclarar una sentencia del Consejo de Estado. Además, considera que la cuestión no se resolverá inmediatamente.

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Bolívar aseveró: “Es la tercera vez que, de manera fraudulenta, se incumple con la orden proferida por el Consejo de Estado, ya que, en la sesión plenaria del 22 de marzo de 2022, las mayorías gobiernistas desintegraron el quórum para impedir el acatamiento de lo ordenado”. También, añadió que estos hechos constituyen “una estrategia sistemática de dilatación” para que él no ocupe el cargo de segundo vicepresidente.

El senador concluyó que su objetivo es sentar jurisprudencia para que “las mayorías de las corporaciones públicas no puedan imponer su voluntad ante los derechos que solo pueden ejercer las minorías, desconociendo su autonomía y libertad”, hechos de los que acusa a los partidos afines al Gobierno nacional.

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