Gustavo Petro: ‘Paz total’: El objetivo que busca lograr su gobierno – Proceso de Paz – Política



Aunque su primera prioridad es la reforma tributaria, el gobierno de Gustavo Petro y su bancada están decididos a sacar adelante una de sus propuestas de campaña más ambiciosas: la llamada ‘paz total’, una receta que incluye varias zanahorias penales y beneficios para el Eln, las disidencias de las Farc y para las bandas del narcotráfico, incluidas las surgidas del proceso de paz con los paramilitares de hace casi dos décadas.

US Remote Software Jobs

(Lea: Los temas clave en la reunión de Petro con delegados del gobierno de Biden)

Este 20 de julio, en plena posesión del Congreso, se conoció una carta de varias cabezas del ‘clan del Golfo’, ‘los Rastrojos’, ‘los Caparros’, ‘los Shottas’ de Buenaventura, ‘la Inmaculada’ de Tuluá y ‘los Mexicanos’ de Quibdó pidiendo pista en la ‘paz total’ del nuevo gobierno. Estas bandas son motores de violencia y del narcotráfico en al menos siete grandes regiones del país.

Y ese mismo día, el presidente del Congreso, Roy Barreras, prometió en su discurso que habría “una oportunidad” para esos y otros grupos ilegales.

En la historia reciente del país no ha habido gobierno que no traiga debajo del brazo su propia propuesta de paz. Y desde la campaña, Petro venía ambientando su idea, cuya primera versión llegaría al Congreso el próximo 7 de agosto –el día de la posesión– con elementos diferenciales entre el plan para las organizaciones guerrilleras y las netamente delincuenciales, aunque cada vez es más difícil hallar diferencias entre sus métodos y su financiación por medio del narcotráfico.

(También: Consejo de Seguridad de la ONU reafirma su apoyo al proceso de paz)

El nuevo gobierno está pensando en una puerta más amplia de beneficios para las bandas, con el argumento de que ellas son las principales responsables del asesinato de líderes sociales. No se trata de un punto menor. Ya en otras oportunidades el país ha probado negociaciones con los capos del narcotráfico sin muchos resultados. Pasó con Pablo Escobar y su cárcel de La Catedral en la administración de César Gaviria (1990-1994).

La realidad de la violencia y el orden público en el país demuestran que los procesos de paz con las Auc y las Farc no fueron suficientes para acabar con la violencia y el narcotráfico, aunque tampoco se puede desconocer que esas negociaciones ayudaron a despejar un poco la compleja ecuación de la violencia en el país.

En el último año, según la Defensoría del Pueblo, al menos 60.000 personas han sido desplazadas por grupos armados. Un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) muestra más de 300 ataques contra civiles, Fuerza Pública e infraestructura en lo que va del año. De hecho, la semana que termina es la de mayor número de atentados (30 en diferentes regiones) contra militares y policías en cinco años.

(Además: ‘El único camino es la justicia ordinaria’: Barreras a bandas criminales)

Así las cosas, la nueva administración tiene argumentos de sobra para impulsar su política de ‘paz total’. Lo que no implica, en todo caso, que el solo apoyo del Congreso le baste para sacarla adelante. Falta ver qué dicen las cortes Constitucional y Suprema y cómo será recibido el tema –cuando se concretice– en el país y en la arena internacional, especialmente en Estados Unidos y en las entidades de la ONU que lideran la lucha antidrogas.

¿Qué negociar con el Eln?

Lo que sí está muy claro es que una cosa será el manejo que el gobierno de Petro le dará a la reactivación del proceso de paz con el Eln y otra muy diferente será lo que ofrecerá para el sometimiento a la justicia de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado.

Barreras le dijo a EL TIEMPO que son “dos caminos distintos, muy diferentes, para lograr que pare la matanza en Colombia” y que “uno tiene que ver con las insurgencias” y el otro con “el sometimiento a la justicia penal ordinaria, es decir, al Código Penal, de las bandas criminales”.

En cuanto a las negociaciones con el Eln, el propósito es que estas se retomen desde el punto en el que quedaron al concluir el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en 2018, cuando ya había delegados de ambas partes y una agenda de temas que se estaban estudiando. Estas negociaciones quedaron enterradas tras el atentado a la Escuela General Santander, que dejó 25 cadetes de la Policía asesinados, el 17 de enero de 2019.

Según el senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda, no se trata de “comenzar desde cero”, sino de “darle continuidad a un proceso que ya se estaba haciendo”.

(Le recomendamos: ¿Qué significan las señales enviadas por Roy Barreras en el nuevo Congreso?)

En este sentido, este diario supo que personas cercanas al gobierno entrante enviaron mensajes al Eln manifestando la voluntad de reactivar el proceso de paz en el punto en el que quedó, los cuales han sido respondidos de manera positiva. De hecho, ayer se conoció un mensaje de ‘Antonio García’, uno de los líderes de esa guerrilla, en el que confirmó que el Eln está “en la mejor disposición para reanudar las conversaciones” con el nuevo gobierno.

No obstante, según lo pudo establecer EL TIEMPO, Petro no ha definido aún cuál será el canal con el que se procederá a la reactivación de esos diálogos, algo que estaría relacionado con quién será su comisionado de Paz.

En todo caso, el papel de la Cancillería en la reactivación de estas negociaciones con el Eln será clave, tomando en cuenta que uno de los primeros pasos es retomar los contactos de Colombia con los países garantes, es decir, Cuba y Noruega, y, además, porque el nuevo canciller, Álvaro Leyva, es un hombre que lleva más de 40 años moviéndose en los temas de la paz.

Según le dijo a este diario Jorge Rojas, coordinador de los diálogos regionales que se propone emprender el nuevo jefe de Estado, “primero hay que reactivar unos protocolos que firmó el Estado colombiano con países garantes”. Entonces, el Eln deberá definir si mantiene o no su equipo de negociadores y después se discutirá dónde se negocia.

Una de las herramientas que se están analizando en la reactivación de los diálogos con el Eln es el modelo de justicia transicional que se diseñó para el proceso de paz con las Farc y que tiene una de sus expresiones en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

(Siga leyendo: Gustavo Petro: así se está conformando el gabinete de ministros)

La idea es que, en el momento en que se necesite, se puedan hacer las adecuaciones necesarias a esta justicia especial para que los integrantes del Eln puedan llegar a ella, como lo manifestó Barreras. Estas adecuaciones, en caso de que el proceso con el Eln avance hasta esa etapa, podrían hacerse a través de reformas constitucionales y proyectos de ley, en los cuales están consignadas las condiciones para el funcionamiento de órganos como la JEP.

El exmagistrado Juan Carlos Henao, quien hizo parte del equipo que negoció los acuerdos de paz con las Farc, considera que se debe acudir a una reforma constitucional, “porque el Acto Legislativo 01 de 2017 dice que se trata de conductas anteriores al 1.º de diciembre de 2016, y que la JEP aplica a quienes participaron en el conflicto allí definido”. Pero añadió que aunque los desarrollos legales están atados a lo que se acuerde con esa guerrilla, “sería mucho más expedito hacer pequeños cambios para que no se vuelva a debates ya superados a nivel social y para que se aprovechen los pronunciamientos favorables de la Corte Constitucional”.

Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, considera también lógico tener como punto de partida lo acordado con las Farc.
En esa negociación será clave la actitud del gobierno de Nicolás Maduro, que en su momento fue denunciado por bloquear el avance de la paz con una guerrilla que desde hace décadas tiene frentes y a varios de sus principales jefes al otro lado de la frontera.

En todo caso, con el primer gobierno de izquierda en la Presidencia de la República, queda en jaque la tradicional estrategia política del Eln de no dar nunca el paso definitivo hacia la paz, como lo ha hecho en el pasado.

Bandas, el otro frente

El otro carril en el que está transitando el nuevo gobierno para la consecución de la llamada ‘paz total’ es el de la creación de un mecanismo para el sometimiento a la justicia de las bandas delincuenciales, cuyo principal motor es el narcotráfico.

Como ya se intentó en el pasado, se avanza en una estrategia para entregar beneficios a cambio de sometimientos colectivos. Hoy el sometimiento a la justicia es individual y aunque el nuevo gobierno estudia varias propuestas para hacer más atractiva esa entrega de los criminales a la justicia, las normas internas y los tratados internacionales se atraviesan en las pretensiones de los jefes de las bandas, que en la carta de esta semana hablaron de la justicia transicional –explícitamente, no cárcel– y de que no hubiera extradición. No obstante, por ningún lado hablaron de entregar las fortunas amasadas con el crimen.

El exvicefiscal Francisco Sintura recuerda que desde los 90 se ha intentado el sometimiento a la justicia, siempre con cárcel, y dice que si se van a tratar temas como la extradición o condenas sin prisión, se necesitaría una reforma de la carta del 91 que tendría revisión de la Corte Constitucional, un tribunal que ya en el pasado tumbó polémicos beneficios que en su momento el gobierno de Álvaro Uribe y el Congreso de la época aprobaron para los paramilitares que negociaron la paz.

(No se pierda: Diáspora en el partido Comunes: carta habla de ‘autoritarismo y exclusión’)

Es difícil e improbable un procedimiento colectivo con bandas

En esta hoja de ruta hay varias dudas: si se lograra esa entrega de los actuales capos y sus ejércitos ilegales, ¿qué garantiza que no aparezcan, como ha pasado siempre, nuevos capos con sus propios ejércitos ilegales? ¿Qué va a pasar con los derechos de sus miles de víctimas?

La comunidad internacional, que tradicionalmente es abierta a la entrega de beneficios jurídicos y políticos para poner fin a conflictos, no es tan tolerante con Estados que acceden a beneficios extensos para narcos puros y duros. Esa poca tolerancia aplica especialmente al Gobierno de EE. UU., con el que la administración Petro ha tenido acercamientos iniciales muy positivos.

Esta semana, el presidente Iván Duque dijo que el rosario de ataques del ‘clan del Golfo’ contra la Fuerza Pública obedecía a que “están tratando de ganar espacios de negociación” y agregó que “ellos están buscando un proceso, yo no diría de amnistía, sino de tratamiento benevolente”.

El analista en temas de conflicto Jorge Mantilla sostuvo que la Ley 418 y la de sometimiento que está vigente desde 2018 ya tenían instrumentos para la entrega de las redes criminales, pero que se han usado hasta ahora para casos individuales.

Añadió que “es difícil e improbable un procedimiento colectivo con bandas” como las que están delinquiendo en el país, pues no tienen unidad de mando y actúan en zonas puntuales de acuerdo con sus intereses económicos particulares. Pero este punto puede ser también una ventaja para ir aislando a las más reticentes a entregarse.
Ahora, senadores como Iván Cepeda están decididos a que debe abrirse una puerta intermedia para las disidencias de las Farc, las mismas que traicionaron el proceso de paz.

En todo caso, el país parece entrar de lleno en un nuevo intento de búsqueda de una ‘paz total’ de la mano del nuevo gobierno, y si bien será clave hacerlo con condiciones claras y despejar muchas dudas y temores, no cabe duda de que se abre una nueva ventana de esperanza para superar la violencia que azota a la sociedad colombiana desde hace décadas. Aunque la complejidad del asunto exige prudencia.

REDACCIÓN POLÍTICA Y JUSTICIA



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.