María Isabel Rueda y el director de Agencia de Defensa Jurídica del Estado – Gobierno – Política



El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se va del cargo, dejando un revolcón en la manera como el Estado se defiende de las demandas millonarias que le meten. Explica cuántos billones se ha ahorrado el país con una estrategia apropiada.

Usted se va. ¿Y ahora, quién podrá defendernos?

Yo confió en que el próximo Gobierno mantenga el carácter técnico que ha tenido la Agencia, y que continúen con los éxitos.

Antes a ese problema de las demandas contra el Estado, que son billonarias, no se les ponía muchas bolas. Usted le devolvió ese interés al Estado… ¿Cuántas demandas hemos ganado?

La Agencia y el sistema jurídico han logrado tener 68,84 billones de pesos en litigios ganados. Es decir, 68,84 billones de pesos ahorrados… Demandas internacionales muy cuantiosas, como la de Electricaribe, o la de Claro contra Colombia, y unas nacionales que eran cuantiosísimas, de billones de pesos, como la de uno de los fondos de retiro de las Fuerzas Militares. Temas mineros que, con estrategia, se han logrado ganar.

¿Cómo: ganamos también el pleito de Electricaribe?

Ya en arbitrajes internacionales prácticamente tenemos todos los casos resueltos favorablemente para Colombia. Electricaribe eran 1.310 millones de dólares. Los casos de Granahorrar, eran dos, por US$ 370 millones. América Móvil, Claro contra Colombia, eran US$ 1.200 millones. AFC que es una pequeña compañía de inversiones, US$ 50 millones, primer caso que ganamos sin acudir a oficinas externas. Y el caso Glencore 1 que fallaron en contra de Colombia, pero de US$ 747 millones de dólares solamente quedamos condenados a devolver 20 millones de una sanción de la Contraloría.

¿Y esos casos en los que nos demandan por fuera del país, cómo van?

Bien. Hemos ahorrado mucha plata y ganado el respeto de los tribunales internacionales. Todos reconocen a Colombia como un país sólido en su estabilidad jurídica, respetuoso del debido proceso, respaldan las decisiones de nuestras cortes.
Muchos creíamos que en materia de arbitraje internacional siempre llevábamos las de perder…Y resulta que hasta el momento hemos ganado estabilidad jurídica para los inversionistas.

¿Usted cree que el nuevo Gobierno sea consciente de la importancia de la estabilidad jurídica para la confianza al inversionista?

Con el equipo de empalme no entramos en ese nivel de profundidad, pero confío en que se mantengan las líneas que generan estabilidad jurídica.

¿Recomendaría al nuevo Gobierno que cuando haga contratos de carácter internacional, siempre incluya la cláusula de arbitraje?

El arbitraje de inversión depende de los TLC y de los tratados de protección de inversión. Ecuador y Bolivia, por ejemplo, se retiraron de los acuerdos de protección de inversión unilateralmente, y les salió carísimo. Si se cumplen las obligaciones como Estado, no hay que temerle al litigio internacional.

Tengo entendido que incluso bajaron las demandas contra el Estado…

Logramos pasar de volúmenes en promedio de 398.000 procesos activos en el 2018, a 317.327 casos en el 2022. Cuando se defiende el Estado coordinadamente, con todo el sistema de defensa que son todas las oficinas jurídicas, nos demandan menos, porque ya no es tan fácil ganarle al Estado.

En un momento se volvió casi un deporte…

Sí, a la gente le gustaba demandar, porque no siempre había una defensa. La tasa de éxito nacional es del 55 % con corte a junio. Es muchísima plata. Incluso en el caso Colpensiones ganábamos solo el 36 %, y ya estamos ganando el 44 %. Y cuando la Agencia lleva el caso, estamos ganando el 87 % de los casos.

¿Cómo ha sido el litigio en el tema ambiental?

Hay muchas demandas, como las relacionadas con el páramo de Santurbán, que son casos internacionales. En los últimos dos meses se logró una delimitación parcial de las zonas más críticas relacionadas con minerías: Vetas y Matanza, en Santander. Lo que hemos logrado ya es un pronunciamiento del Tribunal de ECO ORO vs. Colombia, que es el que va más avanzado, reconociendo que Colombia tiene derecho a proteger sus páramos y que eso no les causa perjuicio a los inversionistas. Es una decisión de enorme importancia, que indica que Colombia no expropió por haber prohibido la minería en los páramos. Falta terminar el proceso de delimitación, y ahí nos van a regañar, porque no lo hemos terminado.

¿Eso del daño ambiental de las Farc, cómo es?

La Agencia le solicitó a la JEP que se abriera un caso especial para investigar el daño ambiental causado durante el conflicto. Tiene una connotación de delitos y crímenes de guerra, que no son amnistiables, y le pedimos a la JEP que, dada la vinculación de las Farc con ese daño ambiental y del narcotráfico, iniciara un caso específico por el gravísimo daño contra el medio ambiente.

¿Y ya se abrió?

No. Pero la JEP ya contestó que le van a dar prioridad. Es que el mayor daño ambiental lo causa el narcotráfico. Según las cifras de Naciones Unidas, para cultivar una hectárea de coca y transformarla en cocaína se utilizan 568,2 litros de insumos químicos para cada cosecha. Es decir, para cuatro cosechas al año se utilizan 2.332 litros de insumos líquidos anuales por hectárea cultivada. Entre los elementos prohibidos para la fumigación está el ácido sulfúrico: 2,9 millones de litros calcula la ONU que se vertieron a la selva por los cultivadores de coca y los productores de cocaína en el 2019.

Y hacemos un escándalo por la fumigación con glifosato…

Cada año los narcotraficantes vierten en la selva más de 332,8 millones de litros de insumos líquidos contaminantes, y 70’800.000 kilos de insumos químicos sólidos.

¿Y eso son no solamente las grandes organizaciones criminales, sino el pequeño campesino, que siembra su cultivo?

Claro. Para cosechar la coca y convertirla en cocaína utilizan gasolina, cemento, urea, amoniaco, ácido sulfúrico…

El monstruo del edificio Acuarela: eso ya parece una tomadura de pelo…

Me voy con el enorme pesar de no haber logrado que ese tema quedara solucionado, pero no depende de la Agencia sino de la Unidad de Gestión de Riesgo. Si no se culmina, vamos a perder la condición de patrimonio cultural universal. Pero el caso de Cartagena es uno solo…

¿Cómo nos fue con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el coco de las demandas contra el Estado? Ahora todos se brincan la justicia colombiana y se van para allá…

Con la Comisión hicimos un trabajo conjunto. Logramos, después de muchos años, un récord en casos archivados e inadmitidos. Pero, al mismo tiempo, que las víctimas se sentaran con el Estado para organizar el mayor número de soluciones amistosas que se ha hecho en Colombia. Cuando el Estado se equivoca, no podemos someter a las víctimas a unos trámites de más de veinte años que duran en la Comisión, es revictimizarlas.

¿El Estado sigue respondiendo por lo que han hecho los grupos ilegales, tipo lo que intentaron algunas víctimas del club El Nogal?

Eso cambió. Hace menos de dos años la Corte Constitucional dictó una sentencia muy importante, donde ya el Estado no es responsable por actos terroristas de terceros. Precisamente, en el caso del club El Nogal, por cuenta de una tutela que llegó ante la Corte, hicimos todo un trabajo en conjunto con Presidencia, el Ministerio de Defensa. La nueva tesis permite que el Estado no sea responsable en casos como esos.

¿Por qué se están saltando sentencias clarísimas de la Corte Constitucional para que unos congresistas puedan tener pensiones de 25 millones, yendo a la Corte Interamericana?

Logramos que se archivaran y se desestimaran los casos que estaban hasta hace un tiempo. Ahora tenemos uno nuevo que no le han notificado a Colombia, pero creo que va por el mismo camino de los otros. Entre el 2019 y hoy, la Corte ha inadmitido 42 casos, y se han archivado 132. Tengo diferencias importantes con posiciones de la Comisión Interamericana, pero reconozco que ha trabajado con Colombia para que todos estos casos, que no es lógico que estén allá, hayan sido archivados o inadmitidos. Aún creo que a la Comisión y a la Corte Interamericana les hace falta ver más objetivamente la posición del Estado colombiano. Pero son, pues, casi 180 casos que hemos ganado, cuando no ganábamos ninguno.

¿Y qué perspectivas tenemos ante la Corte Penal Internacional con la que cada rato nos amenazan?

Después de un trabajo de más de dos años, logramos que la Corte Penal cerrara por completo la observación preliminar sobre Colombia, abierta hace 17 años. Coordinamos con la JEP con la Fiscalía, con la Corte Suprema, con la Justicia Penal Militar, con el Consejo de Estado. Eso le generó a la Corte Penal confianza en nuestras autoridades judiciales. Es el mayor espaldarazo a la justicia interna de Colombia.

Galeón San José. El Gobierno anterior terminó acusando a este de haber desconocido unos contratos que dejaron hechos y que, según dicen, nos pueden causar millonarias demandas…

El galeón quedó protegido como un bien cultural de todos los colombianos. Además, con un plan para que se pueda hacer una extracción de tipo arqueológico. Porque es una reliquia. Donde hubiéramos seguido con lo que el gobierno Santos propuso, habría sido un lío internacional gigantesco.

Porque parte de ese patrimonio lo reclama incluso España…

No solo España, sino por ejemplo la nación indígena Qhara Qhara de Bolivia. Serias reclamaciones internacionales se vendrían contra Colombia.

Ojalá se haga ese gran, gran museo de categoría internacional en Cartagena con ese patrimonio, porque bastante falta la que hace…

Claro. Es tanta la riqueza, no solo es oro y plata. Hay elementos culturales que nos pueden indicar hasta qué comían los marinos, qué tomaban, qué más pasaba en una embarcación… Por ejemplo, vi una caja de jeringas. Vender algo de eso sería como vender el Museo del Oro… Esa expedición al Galeón fueron dos noches completas de emoción por la riqueza cultural. No puede uno decir qué pieza es más linda o más interesante que otra. Obviamente, piezas en plata y en oro muy detalladas, jarrones, botellas, una vajilla, casi completa, de origen chino, y logramos ver incluso por dentro de las tazas, porque las facilidades, la tecnología que hoy tiene la Armada Nacional son impresionantes. Esperamos, antes de que termine el Gobierno, presentar muchas de esas fotos en una exposición en el Museo Naval de Cartagena.

¿Qué peligros hay de que esa misma tecnología llegue a permitir que saqueen el Galeón?

La Armada Nacional está haciendo un gran trabajo de vigilancia, tanto de superficie como de profundidad. Hasta el momento podemos afirmar que el galeón no ha sido tocado.

¿Qué información confidencial aún se guarda?

El lugar exacto, por ejemplo, es una de las informaciones más celosamente guardadas.

Pero ya tocó compartirla con el nuevo Gobierno…

Desde luego, el presidente Duque se la comunicará al presidente electo Petro.

Finalmente, ¿qué es eso del ‘legaltech’ o tecnología en el derecho?

La Agencia desarrolló una serie de sistemas que permiten hoy que el suyo, de tecnología legal, sea el primer laboratorio público de América Latina en esa materia. Creamos un sistema de lectura automática de sentencias, y está por terminarse el de predicción de éxito o no de procesos judiciales. Se desarrolló un sistema de verificación de pruebas, porque el Estado se equivoca con ellas. La Agencia está dejando a Colombia, dicho por el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que financia estos desarrollos, como la entidad más avanzada del orden público en esa materia en América Latina.

En conclusión, ¿ya a Colombia la defendemos y no es tan fácil demandarnos?

Así es.

Y usted, ¿para dónde va a coger?

Bueno, estoy en el proceso ante la Corte Suprema para la eventual elección de la terna para reemplazar una magistrada de la Corte Constitucional. Y, desde luego, la profesión de abogado, que es siempre agradecida.

Suerte en lo de la terna de la Corte, porque magistrados de su categoría son difíciles de conseguir…

Gracias. Sobre todo, hay que generar equilibrios.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
​@MIsabelRueda

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